El nuevo decreto con lo más viejo del enfoque prohibicionista del Gobierno Galán
Por Gina Díaz Lemus, M.A. en Gobierno y Gestión Pública del Territorio
“Y vuelve la burra al trigo”, dicen en mi casa. Una vez más estamos frente a medidas de antaño disfrazadas de avances innovadores en política pública en Bogotá. El Decreto 293 de 2025, expedido por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, no representa un cambio estructural ni propone soluciones reales a las situaciones que afectan el disfrute pleno de la vida nocturna en la ciudad. Por el contrario, retrocede y sigue apostándole a una lógica prohibicionista y sancionatoria, tecnificada ahora bajo un nuevo índice (ISCOU), pero sin comprender las dinámicas sociales actuales, ni abordar las causas profundas de la relación entre convivencia- consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en la capital. Tampoco incorpora a las comunidades, vecinos, ni a las organizaciones barriales o de sociedad civil como protagonistas de las transformaciones que la ciudad necesita.
En resumen, el decreto establece un horario general para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas entre las 10:00 a.m. y las 11:59 p.m., extendido hasta las 3:00 a.m. para bares y discotecas, con posibilidad de llegar a las 5:00 a.m. en “zonas focalizadas”. Pero retrocede el avance logrado hasta fecha en extensión horaria de algunos establecimientos que ya cumplían con la medida desde administraciones anteriores. También prohíbe expresamente el consumo en espacio público a menos de 200 metros de instituciones educativas, reiterando una medida que ya estaba contemplada en el Acuerdo 079 de 2003 del Concejo de Bogotá (Código de Seguridad y Convivencia), ratificado por el decreto 825 de 2019 que a su vez perdió soporte constitucional con la sentencia C-127 de 2023 sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
La aparente novedad es el ISCOU, un índice técnico que permitiría definir dónde se podrían extender los horarios. Pero no se aclara quién lo construye, ni bajo qué criterios ni con qué participación de los territorios y tampoco se identifica una mirada desde la salud pública.
Lo poco rescatable es que el decreto reconoce que el consumo problemático de alcohol tiene una incidencia directa en la seguridad, la convivencia y el orden urbano, algo que la industria del alcohol, las licoreras y ASOBARES han intentado minimizar por años. Segundo, restringe el expendio en escenarios deportivos, lo cual, aunque choca con la tradición del “tercer tiempo”, es una apuesta acertada desde la salud pública. Tercero, intenta mantener cierta continuidad en los discursos institucionales sobre consumo responsable: si antes fue “horario extendido” (Petro) o “Sello Seguro” (Claudia), ahora por lo menos se reconoce que esta conversación no puede depender de la voluntad del alcalde de turno.
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Pero desde una mirada de salud pública y derechos humanos, la crítica es seria. Es preocupante que el decreto no contempla estrategias pedagógicas ni acciones intersectoriales. No se articula con las Secretarías de Educación, Cultura, Integración Social o Seguridad para construir una estrategia sólida de consumo responsable. No se convoca a organizaciones juveniles, colectivos artísticos o iniciativas comunitarias dejando atrás de manera autoritaria la tradición participativa de construcción de políticas públicas que ha caracterizado a Bogotá durante décadas.
No hay enfoque diferencial ni interseccional: ni una sola mención a mujeres, a juventudes, a barrios populares, ni a realidades territoriales diversas. El decreto presume una ciudadanía homogénea, desconectada de las prácticas culturales, económicas y sociales que realmente habitan la noche bogotana. Y lo más grave: desconoce los avances normativos a nivel nacional en políticas de drogas y salud mental, que sí incluyen la reducción de riesgos y daños como enfoque para el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol.
La historia normativa lo confirma. Decretos como el 667 de 2017, el 119 de 2022, y las sucesivas prórrogas hasta 2025 (270, 607, 285, 627, 084, 298 y 125) repiten el mismo libreto: control y más control. Y mientras tanto, ni la seguridad mejora ni se garantiza el derecho a una ciudad vivible. Este decreto no es una herramienta de transformación; es un mecanismo temeroso, desconectado de la calle, que acumula prohibiciones sin comprender la complejidad del fenómeno social que intenta abordar.
Aunque se reporta que el 35,9% de los homicidios por conflictos de convivencia y el 31,3% de los hurtos por atraco ocurren entre medianoche y las 6 a.m. (El Tiempo, 2024), Pero la única respuesta estatal sigue siendo restringir y castigar. El ISCOU no ha sido socializado, las zonas se definirán sin participación real, y el indicador no mide riesgos reales como intoxicaciones, violencia basada en género o accidentes relacionados al consumo problemático. Una política seria debería priorizar prevención, cultura, reducción de daños y convivencia, no solo contar daños y sancionar que son indicadores de la prohibición esperar el desastre para castigar.
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Las restricciones horarias, además, abren la puerta a efectos colaterales poco discutidos: generan condiciones desiguales donde unos pocos actores logran permisos o habilitaciones especiales, mientras otros quedan excluidos sin criterios claros ni equitativos. ¿Cómo pueden este tipo de medidas realmente impactar en los indicadores de seguridad si no se abordan desde una lógica de salud pública y prevención? El ISCOU, el índice que sustenta la ampliación de horarios, no contempla variables como intoxicaciones, tipos de consumo o problemáticas asociadas a la salud mental. Si el consumo problemático es el que tiene mayor relación con hechos de violencia o accidentalidad, ¿cómo esperamos hacer transformaciones si no se mide ni se regula desde ahí? Es urgente cambiar el paradigma de control por uno de cuidado. Necesitamos otro tipo de indicadores que midan reducción de riesgos y daños, educación, participación y cultura ciudadana.
Y lo más grave para una sociedad contemporánea: se niega, en la práctica, el derecho a habitar el espacio público. En lugar de pensarlo como escenario de encuentro, creación, expresión y corresponsabilidad, se le continúa entendiendo como un lugar peligroso, indeseable y prohibido. Esto contrasta con experiencias en ciudades como Berlín, Ámsterdam o Buenos Aires, donde se han creado políticas públicas nocturnas basadas en diálogo comunitario, usos culturales diversos, autocuidado, mediación y gobernanza compartida. Bogotá sigue apostándole al castigo, no a la convivencia. A la expulsión, no a la resignificación. Te recomendamos leer nuestro Seguro anti UPJ – Recargado
Desde la experiencia de la Corporación Acción Técnica Social y las intervenciones en proyectos como “Zonas de Rumba Segura”, y en coherencia con las bases teóricas de mi tesis “Diez años en las drogas: análisis crítico del enfoque prohibicionista y propuestas desde la reducción de riesgos y daños”, insistimos en que necesitamos una política de educación y cuidado, no de castigo. Una política que hable de reducción de riesgos y daños incluyendo el consumo de alcohol, que escuche las voces de las juventudes, que promueva el acceso a información clara, espacios seguros, transporte 24 horas, comida, mínimo vital de agua, y acompañamiento institucional. La criminalización no educa. La prohibición no transforma. Y este decreto, lejos de innovar, repite las mismas medidas que llevan años fracasando en la ciudad.
Como señala Nancy Fraser, no puede haber justicia sin reconocimiento, representación y redistribución. Y como plantea Shannon Mathews, la seguridad no puede sostenerse en exclusión sistemática ni vigilancia desproporcionada. Ni el Estado, ni la industria, ni los gremios de la fiesta, pueden seguir evadiendo su responsabilidad frente al consumo. Todos tienen tareas pendientes si queremos hablar en serio de convivencia, cuidado y salud colectiva.
Bogotá está en un momento decisivo: puede retardar una vez más lo inevitable y seguir persiguiendo o empezar a cuidar, educar y convivir. Una ciudad que reprime la noche y acumula sanciones no está construyendo convivencia, sino legitimando la opresión y obstruyendo el desarrollo económico, social, y cultural. . Es hora de defender el derecho al espacio público, la cultura festiva y el consumo responsable. Le proponemos a la administración distrital explorar nuevos caminos y escenarios desde la reducción de riesgos y daños como: zonas piloto con enfoque restaurativo, cultural y preventivo; espacios de encuentro barrial autogestionado; y más allá de un índice técnico, la creación de un Observatorio Ciudadano del Derecho a la Noche y al Espacio Público. Lo que no se escucha, no se transforma.
Una ciudad que persigue la noche, renuncia a la posibilidad de habitarla.
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